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Un ganadero de la localidad pacense de Siruela ha sido condenado a 18 meses de prisión y a tres años de inhabilitación para ejercer su profesión tras envenenar varias aves rapaces consideradas especies protegidas. El acusado también ha sido condenado a tres años de inhabilitación para cazar y pescar y a abonar una indemnización de 30.000 euros, ha informado a Efe el abogado de la asociación conservacionista WWF, Pablo Ayerza.
Además también deberá poner en marcha las medidas que dicte la Junta de Extremadura en ejecución de sentencia para restaurar el equilibrio natural perturbado en la zona donde tuvieron lugar los hechos, que está afectada por las declaraciones de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), según el letrado.
El juicio de los hechos, registrados en el años 2010, estaba previsto esta mañana en el Juzgado de lo Penal de Don Benito (Badajoz) pero finalmente no se ha celebrado dado que ha habido una conformidad al haber llegado las partes a un acuerdo.
El ganadero A.M.R. ha sido condenado como responsable de la muerte por envenenamiento de tres alimoches, dos buitres negros, cuatro buitres leonados y otras aves rapaces.
El hallazgo de estas muertes tuvo lugar cuando WWF localizó el 6 de marzo de 2010 el cadáver de un alimoche marcado con un transmisor vía satélite y posteriormente el Seprona encontró en el vehículo del acusado un recipiente con el mismo tóxico que se había utilizado para envenenar a las aves.
El abogado de WWF, que ha ejercido la acusación particular, ha explicado que la autoría de los hechos "quedó clara desde el primer momento" ya que "se reconoció por parte del acusado".
Además ha destacado que la sentencia es "novedosa" al recoger expresamente la obligación de reparar los daños causados por el condenado.
Pablo Ayerza ha añadido que estas medidas correctoras deberán ser propuestas en los próximos días, aunque suelen consistir en hacerse cargo de los planes de seguimiento de las especies que hayan podido ser afectadas.
Otra medida puede ser que la actividad ganadera que se pueda desarrollar en la explotación por otro titular distinto al condenado se someta a usos sistemas de calidad o de control que determine la Junta de Extremadura.
Por otro parte, Ayerza ha advertido del "debate muy peligroso" que puede suponer el legitimar el uso del veneno en el campo y el uso de la fuerza contra la biodiversidad amparándose en unos ataques o en unos cambios de conducta de los animales "cuando durante toda la instrucción no se han aportado ningún tipo de denuncias ni acreditación de daños".
Mientras, el abogado defensor, Tomás Julio Gómez Rodríguez, ha declarado a Efe que todas las partes han "comprendido la gravedad de los hechos" y han llegado a un acuerdo "razonable".
Ademas de aclarar que su cliente no ingresará en prisión, ya que carece de antecedentes penales y se le aplicará la remisión condicional de la pena, ha destacado que los buitres son un "problema importante" porque están haciendo "mucho daño" al ganado porque "matan animales vivos".
Según el abogado defensor, las cooperativas ganaderas de la zona de Siruela valoran este problema en pérdidas del 4 por ciento por lo que, según ha dicho, en un rebaño de 1.000 ovejas las perdidas que provocan las alimañas ascienden a 3.600 euros.
También ha advertido que si las colonias de buitres asentadas en la Sierra de San Pedro y en Monfragüe contaran con muladares para alimentarse, "no se desplazarían 200 kilómetros buscando comida y eso sí es responsabilidad de la Junta".
Ante esta situación, Gómez ha afirmado que la Administración autonómica extremeña tiene que llevar a cabo un "programa de compensaciones o de indemnizaciones" para que los ganaderos no se vean perjudicados con la muerte de sus animales.
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