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El escándalo desatado tras el descubrimiento de trazas de caballo en carnes que se venden como vacuno podría no haber hecho más que empezar. Los primeros test realizados en la Unión Europea, correspondientes a la Agencia de Seguridad Alimentaria de Reino Unido (Food Standards Agency), y a la espera de que salgan los de España, han revelado que en algunos productos comercializados, ahora ya retirados, había más que trazas: hasta un 60 por ciento de carne de caballo, e incluso restos de cerdo y cordero, siempre por encima del 1% que marca el umbral de contaminación.
Son revelaciones que ponen en entredicho los sistemas de control y seguridad alimentaria de la Europa comunitaria e inducen a pensar que el fraude del etiquetado que protagonizaron Nestlé e Ikea no fueron casos aislados. La multinacional suiza se vio obligada a retirar sólo en España hasta seis productos de sus marcas La Cocinera y Buittoni por contener carne equina, limitándose a responsabilizar por ahora tan sólo a algunos de sus proveedores, Y por su parte, la sueca ha tenido que apartar cientos de kilos de albóndigas y salchichas contaminadas. Eso, aparte de las tartas de chocolate que ha retirado también de 23 países por contener restos de bacterias fecales.
No es un accidente
Dados los altos porcentajes de contaminación encontrados, Bruselas tiene sospechas fundadas que la mezcla de carnes no es algo accidental, sino premeditado, posiblemente buscando un abaratamiento de costes. Y lo peor es que, si se confirman las peores previsiones, la contaminación con carne equina y de otros animales podría sacar los colores a las autoridades de seguridad alimentaria no sólo de cada Estado miembro, sino también de Bruselas, que ha presumido y presume de disponer de los sistemas más avanzados de trazabilidad (los que controlan toda la cadena alimentaria desde la granja a la mesa).
Eso, como poco. Lo peor es que si estos resultados se confirman, la Unión Europea podría llegar a verse obligada a dar una alerta alimentaria en el caso de que esos exámenes también mostrasen que parte del caballo comercializado no ha sido tratado para el consumo humano, sino con medicamentos veterinarios, como la fenilbutazona, que sí podría causar estragos en la salud humana. Teorías que tendrán una respuesta firme en las próximas semanas.
La Comisión Europea ha dado hasta el 15 de abril como plazo máximo para que cada país presente los resultados de sus análisis -en total serán 2.250 inspecciones a lo largo y ancho de todo el continente-. Aunque falta casi un mes para que expire el plazo, España podría publicar los resultados de sus exámenes (un mínimo de 150 pruebas aleatorias) en los próximos días, según indicó la semana pasada el ministro de Agricultura y Alimentación, Miguel Arias Cañete.
Se multiplica el sacrificio de caballos
Sea cual sea la fecha elegida por el Ejecutivo español para dar a conocer el contenido de esas pruebas, lo cierto es que en España el fraude del etiquetado de la carne equina ha adquirido una nueva dimensión al conocerse que, en los últimos años, los que coinciden con la crisis económica, el sacrificio de caballos se ha multiplicado por doce.
Si en 2008 se sacrificaron 6.300 ejemplares, el año pasado la cifra de caballos sacrificados llegó a los 73.000, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Un gigantesco incremento que podría estar directamente relacionado con la crisis. Y es que sus efectos perniciosos sobre la economía podrían haber forzado a muchos propietarios de caballos, incluidos los de pura sangre, a abandonarlos o ejecutarlos, al no poder hacer frente a los gastos de su mantenimiento y alimentación.
Ejemplares que podrían haber acabado en los mataderos y, por ende, en la cadena alimentaria. Ésta y otras hipótesis podrían encontrar respuesta en los resultados de los test que la Comisión Europea exigió ejecutar hace justo un mes y que en España se están llevando a cabo de manera coordinada entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Instituto Nacional de Consumo, ambos dependientes del Ministerio de Sanidad.
El pasado 19 de febrero, el Ejecutivo comunitario ordenó a España, al igual que a Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido, hacer 150 muestras mensuales de productos alimenticios comercializados o etiquetados como vacuno. Países con superficie y población media, como Holanda, Bélgica, Portugal, República Checa, Bulgaria, Austria, Suecia, Hungría, Grecia y Rumanía, tendrán que hacer un mínimo de 100 inspecciones; Lituania, Eslovaquia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia y Letonia, 50; y los más pequeños y menos poblados, como Eslovenia, Estonia, Chipre, Luxemburgo y Malta, 10 análisis.
Fuente: G.B. Muñoz / J. Romera para eleconomista.es
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