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La poda en el ya de por sí pequeño presupuesto del Ministerio de Sanidad —3.974 millones de euros, un 6,8% menos que en 2011— afectará a casi todas las partidas, desde la de ordenación profesional a la destinada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Una de las más tocadas será la de Salud Pública, que se reduce un 45% y pasa de tener una dotación de 70 millones de euros a 38,42. Fondos destinados a sustentar, entre otras cosas, las estrategias nacionales para prevenir enfermedades como la diabetes, el tabaquismo o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc).
Un recorte que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha justificado aludiendo a que las comunidades autónomas —que tienen la mayoría de las competencias de sanidad— tienen también estrategias para combatir estas patologías y que con el ajuste se evita la “sobrefinanciación”.
Para Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), la reducción en salud pública constata que no es una prioridad. “Las políticas de salud pública tienen mucho que ver con la prevención y su rentabilidad y sus resultados son muy difíciles de medir, se ven solo a largo plazo”, explica. Además de las estrategias nacionales que se nutren de los fondos aportados por el Ministerio de Sanidad y que tienen como objetivo unificar, reforzar y hacer investigaciones epidemiológicas, las políticas de salud pública tienen la función de detectar un riesgo —contaminación, alimentación, epidemias— e iniciar una respuesta. “Con la gripe aviar o el H1N1, por ejemplo, se vio que es necesario tener una respuesta común. Se precisan sistemas de detección muy ágiles y que no se circunscriban a una sola comunidad autónoma”, añade Sánchez-Bayle.
El portavoz de Sanidad del PSOE y exsecretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, señala que el tijeretazo se notará. Recuerda que el año pasado se aprobó la Ley General de Salud Pública, que debe desarrollarse normativamente, algo “más difícil ahora” con este ajuste. Una opinión similar a la del portavoz de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.
Al recorte en los fondos dirigidos a salud pública se suman otros, derivados de la desaparición de las transferencias que hasta ahora hacía el ministerio a las comunidades para programas específicos, las únicas partidas finalistas que existían. Así, se han esfumado de los Presupuestos Generales la partida destinada al plan de salud bucodental infantil y el Plan Nacional sobre Sida. Más de 300 asociaciones que trabajan en este ámbito —con programas de prevención y atención— han solicitado a la ministra, Ana Mato, una reunión urgente para que explique el recorte y garantice la subsistencia de un programa, hasta ahora dotado con unos 6 millones de euros, que consideran “clave”. La secretaria general de Sanidad, sin embargo, ha asegurado que el “compromiso” de su ministerio en la lucha contra el VIH y el sida se mantiene y ha explicado que queda una partida dirigida a subvencionar organizaciones que trabajan en este campo.
También el Plan Nacional sobre Drogas ha sufrido un recorte importante. En 2012, este programa —dirigido sobre todo a sensibilizar e informar a los distintos sectores sobre los riesgos del consumo de drogas— contará con 18,48 millones de euros, un 28,5% menos que en 2011. Un ajuste que, sin embargo, según Sanidad, no hace peligrar la atención a los drogodependientes, que tienen “asegurada” esa atención a través de las comunidades autónomas. En cambio, para el portavoz de la Fadsp ese punto no está nada claro. Las autonomías, asfixiadas por la deuda, ya han aplicado un importante recorte en sanidad: más de 5.000 millones en los últimos dos años. “Y al desaparecer el carácter finalista de esas partidas concretas, será muy difícil garantizar la continuidad de los programas”, dice.
El Plan Nacional sobre Drogas se ha visto reducido también un 18,5%
El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, asegura que habrá que analizar el efecto que pueden tener los recortes. “Esperemos que no afecten a la calidad asistencial”, pide. Reconoce, no obstante, que la situación requiere meter tijera en algunas cosas. “Y sobre todo una buena política de gestión y eficiencia”, añade.
Pero con el tijeretazo, el departamento de Mato no solo pierde fondos; también, y sobre todo, poder político. “Tras esto, al Ministerio le quedan limitadas competencias sanitarias”, dice Llamazares. Ricard Meneu, del Instituto de Investigación en Servicios de Salud, cree sin embargo que el ajuste es “irrelevante”. “El gasto del Ministerio solo sirve para aquilatar el despilfarro asociado a la función de representación del Estado. Su utilidad para las políticas sanitarias es discutible”.
Meneu piensa que lo verdaderamente importante está por venir y llegará desde las autonomías. “Es ahí donde se producirán los recortes relevantes”, pronostica. El hachazo “lineal” de 5.000 millones que ya han dado, dice, “ni es eficaz, ni será el último”.
Fuente: MARÍA R. SAHUQUILLO para elpais.com
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