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El pleno de Alaquàs relativo a la aprobación de las Ordenanzas Fiscales movilizó ayer a más de medio centenar de vecinos que, acompañados por sus mascotas, se concentraron en las puertas del ayuntamiento antes del inicio de la sesión.
Las quejas por el anuncio del pago de una nueva tasa por tenencia de animales, que incluía además la opción de requisar durante veinte días los perros no identificados para después darlos en adopción o sacrificarlos si el dueño no los reclamaba, movilizó a propietarios de mascotas y a la oposición que criticó la medida de «recaudatoria e innecesaria».
Es un «disparate motivado por la nefasta gestión económica del Ayuntamiento que tiene una deuda superior a 55 millones de euros», recalcó el portavoz del PP, Pepe Pons.
La presión no evitó la aprobación definitiva de la polémica tasa, gracias al voto de calidad de la alcaldesa Elvira García, (el PSPV votó a favor, el Bloc se abstuvo y el PP votó en contra), pero sí ayudó a no incluir, a petición del Bloc, el apartado más criticado relativo a la retirada y posible sacrificio de las mascotas.
La defensa de la tasa por parte del PSPV se basaba en tener un control y registro de los animales e «incidir así en la responsabilidad que supone su tenencia».
Sin embargo, para el PP la tasa es «injusta porque conlleva que todos los propietarios de mascotas tengan que pagar un dinero, independientemente de si recogen o no los excrementos. Así ni se educa, ni se conciencia. Simplemente se recauda».
Tampoco fue bien recibida la medida económica por parte de los vecinos propietarios de mascotas que ayer acudieron a la concentración previa y al pleno. «Es una vergüenza que la alcaldesa use su voto de calidad para imponer esta tasa absurda. Mañana mismo vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas para intentar frenar esta medida», explicó una de las vecinas asistentes.
También la Federación de Asociaciones Protectoras de la Comunidad Valenciana (Fedenva) envió un escrito al Ayuntamiento de Alaquàs para que se replanteara esta decisión. La entidad entiende que la misión de un Consistorio es «exclusiva de controlar en su municipio los animales de compañía, ya que el censo no es la forma legal de identificación». Tildaron de «improcedente» poner tasas por censar o adoptar a un perro y recalcaron que un Ayuntamiento «en ningún caso puede requisar» y que la ley ya obliga a colocar un microchip.
Fuente: lasprovincias.es
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