A José Corro le arruinaron las vacaciones cuando pasaba unos días en Madrid. Un amigo le llamó para comunicarle que había sido sancionado con 901 euros por pasear a su perro por la playa Salvé de Laredo. Los hechos se produjeron el 6 de julio, cuando acudió con su mascota al arenal. Un miembro de Cruz Roja le explicó que incumplía la ordenanza municipal y Corro decidió ignorarle por considerar que no tenía autoridad para amonestarle. Fue entonces cuando, a instancias del socorrista, varios agentes de la Policía local se personaron en el lugar para multar al infractor y ordenarle que abandonara la playa.
La ordenanza es clara sobre la prohibición de pasear animales por las playas del municipio en temporada de baño y la norma se publicó el 17 de junio en el Boletín Oficial de Cantabria. El Consistorio asegura que se le dio la publicidad necesaria, pero lo cierto es que la web municipal no recogió la noticia hasta el 8 de julio, dos días después del incidente. Además, la normativa no está coordinada con los paneles informativos que hay en la entrada del arenal, ya que, por ejemplo, en estos carteles se prohíbe jugar al balón y a palas, mientras que la normativa lo permite.
El infractor reconoce que ya había sido informado con anterioridad por la Cruz Roja, pero que persistió en su actitud porque «no consideraba fuera de tono mi comportamiento». La ordenanza, en cambio, califica su falta de grave y, a pesar de haberle sancionado con 901 euros, contempla sanciones de hasta 1.500 euros para este tipo de infracciones. Corro asegura que ha contactado con su abogado y que alegará que los hechos se produjeron a última hora de la tarde, «un día que hacía malo y cuando casi no había gente en la playa». De hecho, el pasado 6 de julio fue uno de los días más fríos del mes.
El denunciado, que tendrá dos semanas para recurrir la multa desde el día en que se le notifique el expediente sancionador, afirma que está convencido de presentar un recurso, «aunque temo la respuesta del Ayuntamiento en un lugar en el que nos conocemos todos». Corro sostiene que el pago de la sanción supondría un «duro golpe» para la economía familiar. Desde la Cruz Roja explican que la actitud del infractor, a quien ya se había llamado la atención en repetidas ocasiones, «distó mucho de ser correcta» y lamentó que la aplicación de la ordenanza haya vuelto en su contra a los propietarios de perros.
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