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El Ministerio de Economía, al que se atribuye la posición más liberalizadora, sostiene que el Estado ya realiza un control de buenas prácticas entre los empleados públicos.
El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, atacó ayer "la fiebre neoliberal que lo inunda todo" y lanzó al Gobierno el mensaje de que la ley será recurrida en el Tribunal Constitucional. "Si esto (la colegiación obligatoria) alguien lo quiere cambiar, tendrá que cambiar la Constitución", comentó el presidente de los médicos españoles.
Los profesionales sanitarios no ven claro que se vaya a aprobar la ley. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, cree que el Grupo Socialista no cuenta con el apoyo de los "partidos claves" (CiU y PNV) ni con excesivo margen de tiempo de legislatura. "Una ley de esta envergadura requiere sosiego y debate", según González Jurado, que exhibió el peso electoral del colectivo afectado: dos millones de trabajadores y otros seis de familiares cercanos.
Médicos y enfermeros creen que con la supresión de la obligación de colegiación sale perjudicado el paciente. "Resulta del todo ilógico y contraproducente para el paciente permitir que el empleador y responsable logístico y organizacional del trabajo sea a su vez quien decida también qué son y que no son buenas prácticas porque se convierte en juez y parte frente a sus empleados", argumentan.
Los profesionales sanitarios piensan que con la nueva ley los empleados públicos no podrán negarse a realizar una práctica que consideren que pone en riesgo al paciente porque el criterio deontológico lo impondría la Administración. Y, máxime en la situación de crisis, la Adminisitración podría priorizar el ahorro.
González Jurado lamentó que con una misma ley se quiera reformar la regulación de la actividad de los sanitarios y de otras profesiones como ingenieros. Los planes del Ejecutivo para este último colectivo han generado gran rechazo ya que pretende acabar con las reservas de actividad y permitir que cualquier ingeniero pueda realizar cualquier proyecto al tener todos "una base común de conocimientos".
El Gobierno argumenta que la regulación de las actividades profesionales en España es "excesiva y obsoleta". "Solo deben mantenerse las obligaciones de colegiación cuando sea más eficiente el control por el colegio profesional que por la Administración", según se recoge en un documento de Economía.
Rechazo al copago
Las tensiones presupuestarias de las comunidades para mantener el sistema sanitario han traído nuevamente a primer plano el debate del copago de los servicios. Médicos y enfermeros se muestran radicalmente en contra. En opinión de Rodríguez Sendín, pagar una cantidad (en función del nivel de ingresos) por recibir un servicio va a tener un efecto sobre la demanda y hará que la sanidad ya no sea gratuita y universal. Además, "ya es suficiente copago" que España sea el país de la UE con mayor porcentaje de gasto en sanidad privada (2,5%) sobre el PIB.
El presidente del Consejo General de Enfermería añadió que llamarlo copago "es incorrecto", pues los ciudadanos ya sostienen el sistema sanitario con sus ingresos. Sería más acertado hablar de "repago", según Máximo González Jurado.
Fuente: cincodias.com
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