Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org
El plan consta de los siguientes 10 puntos. A partir de ahora quedarán separada legal y físicamente la producción de aceites industriales y grasas destinadas a la industria de la alimentación. No podrán llevar a cabo ambas producciones las mismas empresas. Aumentarán las restricciones para la concesión de licencias para producción de piensos y será necesaria más cualificación para los trabajadores de estas plantas. Se elevarán las cuantías de las sanciones y los fabricantes serán obligados a efectuar mayores controles y a reportar los resultados de todos los análisis a las autoridades. Igualmente, cualquier laboratorio privado que realice análisis a muestras de alimentos o a los piensos, estarán obligados a informar a las autoridades de cualquier hallazgo que indique niveles de dioxinas superiores a los permitidos. El Ministerio de Consumo se compromete a elaborar una lista de sustancias que sí pueden utilizarse en la fabricación de alimentos que tendría que obtener un visto bueno de la UE.
Prevenir posibles contaminaciones futuras
Los fabricantes de piensos y forrajes, en una medida cuyos efectos económicos están aún por esclarecerse, serán obligados de ahora en adelante a contratar seguros para posibles casos de contaminación como el que sufre actualmente la cadena alimenticia alemana, para que puedan hacer frente a los costes que suponen los cierres de granjas y retirada de alimentos de los comercios. Este tipo de seguros no existe por ahora, y tendrá que ser diseñado por las compañías aseguradoras. También serán elevadas las sanciones y se creará una nueva base de datos que reúna los resultados de análisis públicos y de laboratorios privados, y que servirá para cruzar datos de la industria y del medio ambiente, lo que permitirá en un segundo paso la creación de sistemas de alerta temprana. El gobierno alemán considera que todos los excesos de dioxinas detectados deben ser publicados y que la información debe ser totalmente transparente de cara al consumidor final.
No termina de convencer
Este plan, sin embargo, no satisface enteramente a las organizaciones de consumidores, que le reprochan, por ejemplo, que no contemple menciones explícitas a la contaminación de cereales, y a la oposición. El líder socialdemócrata Sigmar Gabriel exige que la investigación sobre el actual escándalo sea traspasada del Ministerio de Consumo a la Oficina Federal de Criminalidad y que transcurra por los cauces penales, puesto que, a su juicio, “desborda la capacidad de este Ministerio porque no se trata de controles de laboratorios, sino de una lucha contra la mafia de la alimentación”.
Fuente: Rosalía Sánchez para elmundo.es
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