Gonzalo Moreno del Val detalló el impacto del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Durante su intervención, lamentó que la normativa se haya elaborado sin tener en cuenta la realidad del ejercicio veterinario, lo que ha derivado en una creciente “criminalización de la profesión” y en importantes dificultades para ejercerla con garantías jurídicas, técnicas y científicas.
El vicepresidente de la OCV denunció la interpretación “restrictiva” de la normativa en España, en comparación con otros países europeos. Advirtió que, si no se establecen criterios comunes entre los ministerios de Sanidad y Agricultura, la aplicación del decreto podría variar entre comunidades autónomas, provincias, e incluso entre inspectores, generando un escenario de inseguridad jurídica que compromete tanto la salud pública como el bienestar animal.
Moreno del Val subrayó que en la elaboración del decreto no se ha tenido en cuenta la complejidad de la medicina veterinaria, que abarca numerosas especies, patologías y tamaños, además de contar con recursos farmacológicos limitados. “Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente. Realmente se desconoce la realidad del sector”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos expuestos fue la falta de flexibilidad en la prescripción de medicamentos, que impide a los profesionales adaptar los tratamientos a las necesidades reales de los animales. En este sentido, recordó que incluso la Agencia Europea del Medicamento reconoce que seguir estrictamente las fichas técnicas puede aumentar las resistencias a los antibióticos.
También cuestionó el limitado uso de la prescripción excepcional, a través de la llamada “cascada por vacío terapéutico”, que solo se permite si no existen medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta. Esta situación obliga a los veterinarios a asumir riesgos y responsabilidades adicionales, siempre en favor del bienestar animal.
Moreno del Val denunció que, a pesar de que España ha reducido un 70 % el uso de antibióticos en ganadería y que los animales de compañía representan solo el 0,19 % del consumo total, nuestro país cuenta con el marco más restrictivo de la UE. El Real Decreto obliga a usar los antibióticos de categoría superior solo cuando los inferiores sean ineficaces, retrasando tratamientos necesarios.
Otro de los aspectos más controvertidos es el sistema de notificación de prescripciones PRESVET, que el vicepresidente calificó como “innecesario, duplicado y excesivo”. Señaló que este sistema no emplea las unidades de medida estandarizadas por la EMA y exige un volumen de información difícilmente justificable, además de imponerse cinco años antes de lo que establece el reglamento europeo para los animales de compañía.
Como conclusión, Gonzalo Moreno del Val anunció que la Organización Colegial Veterinaria iniciará una Iniciativa Legislativa Popular para promover los cambios normativos necesarios que den respuesta a las demandas del colectivo veterinario en materia de prescripción y dispensación de medicamentos.
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