Gonzalo Moreno del Val detalló el impacto del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Durante su intervención, lamentó que la normativa se haya elaborado sin tener en cuenta la realidad del ejercicio veterinario, lo que ha derivado en una creciente “criminalización de la profesión” y en importantes dificultades para ejercerla con garantías jurídicas, técnicas y científicas.
El vicepresidente de la OCV denunció la interpretación “restrictiva” de la normativa en España, en comparación con otros países europeos. Advirtió que, si no se establecen criterios comunes entre los ministerios de Sanidad y Agricultura, la aplicación del decreto podría variar entre comunidades autónomas, provincias, e incluso entre inspectores, generando un escenario de inseguridad jurídica que compromete tanto la salud pública como el bienestar animal.
Moreno del Val subrayó que en la elaboración del decreto no se ha tenido en cuenta la complejidad de la medicina veterinaria, que abarca numerosas especies, patologías y tamaños, además de contar con recursos farmacológicos limitados. “Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente. Realmente se desconoce la realidad del sector”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos expuestos fue la falta de flexibilidad en la prescripción de medicamentos, que impide a los profesionales adaptar los tratamientos a las necesidades reales de los animales. En este sentido, recordó que incluso la Agencia Europea del Medicamento reconoce que seguir estrictamente las fichas técnicas puede aumentar las resistencias a los antibióticos.
También cuestionó el limitado uso de la prescripción excepcional, a través de la llamada “cascada por vacío terapéutico”, que solo se permite si no existen medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta. Esta situación obliga a los veterinarios a asumir riesgos y responsabilidades adicionales, siempre en favor del bienestar animal.
Moreno del Val denunció que, a pesar de que España ha reducido un 70 % el uso de antibióticos en ganadería y que los animales de compañía representan solo el 0,19 % del consumo total, nuestro país cuenta con el marco más restrictivo de la UE. El Real Decreto obliga a usar los antibióticos de categoría superior solo cuando los inferiores sean ineficaces, retrasando tratamientos necesarios.
Otro de los aspectos más controvertidos es el sistema de notificación de prescripciones PRESVET, que el vicepresidente calificó como “innecesario, duplicado y excesivo”. Señaló que este sistema no emplea las unidades de medida estandarizadas por la EMA y exige un volumen de información difícilmente justificable, además de imponerse cinco años antes de lo que establece el reglamento europeo para los animales de compañía.
Como conclusión, Gonzalo Moreno del Val anunció que la Organización Colegial Veterinaria iniciará una Iniciativa Legislativa Popular para promover los cambios normativos necesarios que den respuesta a las demandas del colectivo veterinario en materia de prescripción y dispensación de medicamentos.
Reacción positiva
En el turno de preguntas intervino el senador del Partido Socialista, José Latorre, que, como partido del Gobierno, dio su perspectiva sobre las peticiones de los veterinarios. En este sentido, puso el acento sobre el “gravísimo” problema de las resistencias a los antimicrobianos y aseguró que España está en el cuarto lugar en venta de antibióticos veterinarios. Es por esto por lo que defendió que en nuestro país se estén tomando medidas más restrictivas. Junto a ello, quiso destacar cómo los perros y gatos se encuentran por delante en el recurso a antibióticos de especies como el ovino o caprino.
También abordó la cesión de medicamentos, una fórmula que consideró adecuada. “Conocemos que hay miles de casos en los que se produce una cesión de la medicación al propietario del animal”, aseguró.
Dicho todo lo cual y por primera vez, aclaró que el Gobierno está abiertos a discutir la situación. “Creo que la posición, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, es estar abiertos a modificaciones que puedan ayudarles en la interpretación de la norma o a modificaciones que puedan hacerles la vida más fácil”, matizó.
Carta de Almansa
En esta misma línea podría interpretarse la extensa carta dada a conocer ese mismo día por el diario Animals Health, en la que el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Valentín Almansa, explica algunos puntos polémicos de la normativa de medicamentos veterinarios y su interpretación.
Al final del escrito, al igual que el senador, el promotor y responsable del sistema PRESVET asegura que el Ministerio de Agricultura “analiza periódicamente la aplicación de la normativa impulsada en aras de plantear eventuales modificaciones de la misma para una mejor aplicación, o para valorar de nuevo los datos o factores necesarios para analizar la situación concreta regulada, lo que incluye al Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios”
Esta noticia ha sido recogida también en medios nacionales como:
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