Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org
Un artículo publicado en Conservation Science and Practice por un grupo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), señala que la depredación por parte de los gatos asilvestrados es la causa más importante de mortalidad de pequeños mamíferos y aves, por delante de atropellos, envenenamientos o la caza.
Por ello critican la propuesta de proteger las colonias de gatos callejeros recogida en el anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales aprobado en febrero por el Consejo de Ministros. Por ello sugieren que, para garantizar el bienestar animal, la ley debería enfocarse exclusivamente en la protección de los animales de compañía, evitando entrar en conflicto con las normas y estrategias internacionales para la conservación de la naturaleza.
“No deben salir de la Ley”
Inmaculada Ibor, presidenta del CVCV y del ICOVV, aboga por que los gatos de colonias felinas cuenten con una normativa reguladora. A su juicio, “no resulta contradictorio proteger la biodiversidad con que estos animales se mantengan en el ámbito de protección que les otorga esta Ley”. Ibor reivindica para ello que cada municipio “controle sus ubicaciones, sus censos y que se apliquen los planes de esterilización y/o control, con criterios científico-técnicos y estableciendo prioridades, de forma que se vaya reduciendo progresivamente su número y se aumente su control y mejora de estado sanitario”.
Así, razona, se “lograría reducir su población a un nivel que no provocaría daños ni al ecosistema, ni supondrían amenaza alguna para la salud pública”. Eso sí, estas actuaciones, “como algunas otras que afectan también a otros animales (los peritajes en casos de maltratos, el programa Viopet o la atención a los animales procedentes de Ucrania, por ejemplo), no pueden basarse única y exclusivamente en colaboradores voluntarios, requieren un compromiso real de las administraciones y una dotación económica suficiente”, concluye.
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