Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org
Los hechos probados se remontan a octubre de 2017 cuando la condenada entregó a dos parejas alicantinas dos cachorros, un chihuahua adquirido por 450 euros y un segundo por el que también se pagó 250 euros. La relación en los dos casos se originó a partir de sendos avisos colgados en el portal milanuncios.com. Y no era un caso excepcional porque, como pudo contabilizar la Guardia Civil, en el plazo de 7 años la condenada había recurrido a esa plataforma para vender más de 300 perros.
La entrega, a los ojos de los compradores, no parecía entrañar engaño alguno puesto que los animales venían con su respectiva cartilla sanitaria para cachorros de menos de tres meses. Cuando los documentos llegaron a manos de las dos veterinarias alicantinas, se descubrió la burda manipulación realizada: no habían sido expedidas por veterinario alguno, los cachorros de la portada del documento tenían un sospechoso color distinto, el anagrama del colegio se reproducía a un tamaño menor, la leyenda de la Generalitat Valenciana y de la Conselleria de Agricultura había sido eliminada y los datos referidos a las desparasitaciones y vacunaciones tenían un formato diferente, sin fecha y tratamiento...
Cerrada la instrucción, la fiscalía y la acusación (de Icoval) solicitaron la apertura de juicio y se calificaron los hechos como delito continuado de falsedad de documento público solicitando una pena de 3 años de prisión y un año de multa.
El día del juicio la acusada reconoció los hechos, la fiscalía rebajó sus pretensiones y la acusada admitió la pena a la que finalmente, en sentencia dictada el 12 de febrero, ha sido condenada.
Carta de agradecimiento
Tras conocer el fallo, el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, ha remitido un escrito a la Comandancia del Seprona en Alicante agradeciéndole “el gran trabajo realizado” en la obtención de las pruebas necesarias.
“Las cartillas sanitarias veterinarias son un documento relevante para la salud y el bienestar de los animales, pero también para la salud de toda la población. Un buen número de los datos que en ellas se consignan y certifican, corresponden a enfermedades zoonóticas, que como el SARS-CoV2 podrían transmitirse a las personas. Por todo ello, el control de estos documentos resulta esencial, ya que puede repercutir de manera directa en la salud pública”, explica Moreno del Val literalmente en la misiva dirigida a la Guardia Civil.
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