La asociación Facua fue la primera de las partes personadas que solicitó su imputación por un posible delito de prevaricación. La organización entendía, de acuerdo con la petición que elevó a la juez, que si la empleada municipal no hubiera omitido valorar el apartado relacionado con la estructura durante la primera inspección de Magrudis en 2016, se hubiera procedido a requerir a sus responsables para que subsanaran los defectos y, si estos hubieran sido lo suficientemente graves se podría haber llegado a “decretar el cese de la actividad de forma inmediata, impidiendo por tanto la aparición del brote de listeriosis”.
Responsabilidad de la Junta
Por su parte, la veterinaria imputada ha trasladado en su declaración ante el juez la responsabilidad de las tareas de supervisión a la Junta que era que a quien correspondía autorizar las inspecciones de Magrudis.
- Ver elpais.com / 29-1-2020
- ver elpais.com / 14-2-2010
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