Sanitat rectifica y evita dar preferencia a profesionales sanitarios con especialidad

29-01-2020

Lo recogido ahora en el DOGV recoge en la práctica lo pretendido por los servicios jurídicos del CVCV en su demanda. Mantiene los 10 puntos con los que se premiaba a los profesionales sanitarios que sí disponen de tal programa de formación especializada pero establece para los veterinarios -que no tienen tal posibilidad- un mecanismo de compensación. En el caso concreto de este colectivo -del que se reconoce la evidencia de que tienen una “presencia destacable en el ámbito de la Salud Pública”- se establece una puntuación idéntica para los que acrediten cuatro años trabajados en la Administración en este ámbito laboral (que viene a ser el tiempo requerido en un MIR, EIR...).
 

   De igual manera, también se ha corregido el otro articulado para el que la demanda del CVCV solicitaba su nulidad. Efectivamente, en caso de empate en la puntuación, se ha evitado lo que se hacía primar para resolverlo en la convocatoria de 2018, que era otra vez el disponer de tal especialidad que los veterinarios no tienen posibilidad de obtener.

275 horas
El Curso de Diplomado en Salud Pública es una formación dirigida a los profesionales que ejercen en la Administración en este terreno pero a la que también pueden acceder los opositores, de 270 horas (200 teóricas -muchas de ellas on line- y 70 prácticas) y que imparte la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES). En 2018 se convocaron 77 plazas y en 2019 se ha llegado a las 100, esta vez con dos ediciones, una en Valencia (60 plazas) y otra en Alicante (40).
 

    Se trata de un curso en el que la demanda suele superar a la oferta y en el que, por tal motivo, la forma de baremar los méritos es crucial. Como toda la formación continuada, es un actividad reglada, homologada y una buena manera de actualizar conocimientos en la “interpretación, control y evaluación de los problemas de salud”, según se describe en la convocatoria.

Caso único
La polémica convocatoria de 2018 introducía el discriminatorio requisito descrito por primera vez y de forma distintiva al resto de regiones que también ofertan este tipo de curso. “Sentaba un precedente peligroso, que no podíamos dejar pasar pero ahora nos han dado la razón”, advierten desde el servicio jurídico  del CVCV.