Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org
El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy definitivamente la nueva legislación comunitaria sobre experimentación con animales, que limitará el número de experimentos y prohibirá el uso en ellos de grandes primates como gorilas, orangutanes o chimpancés. El pleno de la Eurocámara dio el visto bueno al acuerdo negociado entre sus representantes y los de los gobiernos nacionales para poner en marcha las nuevas normas a pesar de que algunos grupos, como el de Los Verdes, consideran que no es lo bastante ambicioso.
La nueva legislación obligará a las autoridades nacionales a dar preferencia a los métodos alternativos a la experimentación con animales siempre que sea posible y a garantizar que el número de animales utilizados en las pruebas sea el mínimo. Además, sólo podrán autorizar los ensayos que supongan un "mínimo dolor, sufrimiento y angustia" para los animales.
El texto aprobado hoy prohíbe totalmente el uso de grandes simios en los experimentos, pero finalmente permitirá el recurso a otros primates, como los macacos, que la propuesta original también pretendía abolir. Según los eurodiputados, esa prohibición habría perjudicado a la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Los experimentos con ese tipo de primates, en cualquier caso, sólo serán posibles bajo demostración científica de que las pruebas no pueden realizarse con otras especies.
Para garantizar el cumplimiento de la directiva se obliga a las autoridades nacionales a garantizar que cada año se efectúan inspecciones de al menos un tercio de los laboratorios donde se usan animales. Al menos una parte de ellas deben, además, llevarse a cabo por sorpresa. La nueva directiva, que prevé un plazo de dos años para su aplicación completa en todos los Estados miembros, incluye una cláusula de salvaguardia que permitirá a los gobiernos anular ciertas de sus disposiciones en caso de emergencia y siempre que existan razones justificables científicamente. Para poder acogerse a esa excepción, los países tendrán que informar a Bruselas y obtener el permiso del resto de Estados miembros.
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