Con la polémica reforma del decreto 30/1988 aparcada, de momento y a la espera de un nuevo texto que se comprometieron a facilitar, los representantes del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) retomaron el 12 de febrero las conversaciones con la Conselleria de Sanitat Universal sobre la situación de los veterinarios de salud pública. Al encuentro con el subdirector general de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública, Vicent Yusà, acudió la presidenta del CVCV y del propio Colegio de Valencia (ICOVV), Inmaculada Ibor (ambos en la foto de archivo) , el presidente del de Alicante (Icoval), Gonzalo Moreno del Val y la vicepresidenta, Juana Molina Rivas. Los representantes colegiales insistieron en reclamar la creación de un cuerpo único en materia de seguridad alimentaria de ‘veterinarios oficiales de la Generalitat’ que trabaje de forma coordinada en toda la cadena, siguiendo el modelo ‘de la granja a la mesa’. Se trasladó que tal posibilidad serviría, de hecho, para articular la futura creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, que ya se planteó hace años pero que ahora parece cobrar forma de nuevo. Y Yusà, por su parte, mostró buena predisposición a todo ello.
Junto a ello, desde el CVCV se repasó la complicada situación laboral de los veterinarios oficiales que trabajan en mataderos. Y de nuevo se entró al detalle de la necesidad “imperiosa” de actualizar y mejorar los complementos por nocturnidad, penosidad aclarar las suplencias, los festivos...
En idéntico sentido, en el caso de los inspectores alimentarios, se trasladó la precariedad de medios (falta de vehículos, ordenadores o tablets etc) con la que estos profesionales trabajan. Concretamente, por ejemplo, se puso el acento en las dificultades y retrasos en el pago que estos inspectores sufren cuando, en un control, tienen que adelantar el dinero de las muestras que han de adquirir al establecimiento para posteriormente ser analizadas.
Formación para el control de la caza
Junto a ello, se abordó la entrada en vigor del decreto para la venta de proximidad de productos primarios y agroalimentarios. En este texto se establecen las condiciones para la inspección de pequeñas cantidades de piezas de carne procedente de la caza que tengan por destino el consumo humano, que deberá realizar un veterinario habilitado. Tales controles, en una sala de inspección de caza autorizada y registrada, requieren pues de profesionales formados. En el encuentro con Yusá se abordó la posibilidad de suscribir un convenio para organizar los necesarios cursos para este tipo de inspecciones e incluso de extender tal colaboración a la formación al resto de veterinarios que aspiren a trabajar o que ejerzan sus responsabilidades en áreas vinculadas a la Salud Pública.
Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org