Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org
Los trabajos se iniciaron a raíz de la denuncia de Icoval contra Animal Help
A finales de 2016 comenzaron a llegar quejas de los colegiados alicantinos por las actividades de Animal Help. En enero, aquellas castraciones clandestinas de gatos realizadas por supuestos veterinarios germanos en penosas condiciones higiénico-sanitarias, fueron denunciadas por el Colegio de Alicante (Icoval). La tibia reacción del Colegio de Baviera, de donde procedían, contrastó desde un principio con el interés demostrado en el asunto por la Federación Europea de Veterinarios (FVE). Meses después y con la intención de evitar en el futuro que se repitieran hechos como los descritos, comenzaban los trabajos para elaborar una suerte de guía para veterinarios o estudiantes de Veterinaria interesados en colaborar con sociedades protectoras ubicadas en zonas distintas a las de su país de origen. Ésas directrices ya han sido plasmadas en un documento que la Asamblea General de la FVE aprobó en noviembre.
En el texto se detallan las principales consideraciones legales, éticas y profesionales que tanto veterinarios como asociaciones de protección de los animales deben cumplir antes de iniciar un trabajo de voluntariado de este tipo en otro país. “Hay muchos veterinarios y estudiantes interesados en apoyar a dichas entidades, combinando viajes al extranjero e inmersión cultural con formación y prestación de servicios para la comunidad”, comienza aclarándose en la introducción. El problema se da cuando, como en el caso alicantino, este tipo de ‘turismo’ no se ejerce en las mínimas condiciones de profesionalidad exigida.
Falta de respeto
A ello se refiere el informe de la FVE: “Algunas protectoras operan de una forma no regulada que no prioriza el bienestar de los animales, sin la participación de las autoridades veterinarias locales ni de las comunidades locales o sin cumplir la legislación”. Tal forma de proceder supone, para la entidad europea presidida por el español Rafael Laguens, “una falta de respeto a los colegas de profesión, contribuye a desprestigio de otras protectoras más profesionales o incluso al derroche de fondos públicos”.
La clave para su correcta convivencia y funcionamiento sería “no asumir el trabajo de los veterinarios locales sino trabajar en colaboración con ellos para aplicar soluciones sostenibles”.
Así las cosas, el referido documento plantea al interesado en viajar y en colaborar con alguna de estas entidades una serie de preguntas que debiera encontrar respuesta antes de comprometerse. En primera instancia se plantea hacer indagaciones sobre la situación legal de la protectora. “si es fiable y respetable”. A continuación, entre otras, cuestiona si la titulación está reconocida –normalmente así es en la UE- y si, como también suele suceder se reclama una notificación por anticipado a las autoridades así como averiguar qué legislación local habrá ajustarse el ejercicio (estatutaria, administrativa, disciplinaria).
Por último, el documento detalla las condiciones “básicas” para desarrollar estos proyectos y pone el énfasis en que deben estar “bien planificados” y contar con el conocimiento y colaboración de las autoridades veterinarias y administrativas locales.
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