Sanitat

24-01-2017

La precaria situación laboral de los veterinarios de salud pública ha sido motivo recurrente de discordia en las conversaciones que el Consell Valencià de Col. legis Veterinaris (CVCV) ha mantenido durante muchos años con la Conselleria de Sanitat, con los actuales gestores y con los anteriores. La cuerda se tensó más si cabe cuando el pasado verano se supo de la voluntad reformista de la Dirección General de Salud Pública, que propone modificar el decreto 30/1988 que regula su estructura, organización y funcionamiento. De momento, no hay respuesta al manifiesto que la inmensa mayoría de estos trabajadores ha dirigido para frenar la iniciativa y abordar la ansiada reforma que requiere el colectivo. Pero Sanitat sí ha ‘movido pieza’ en otras parcelas también largamente reivindicadas: ha convocado formalmente las oposiciones a las 26 plazas de veterinario de salud pública que se anunciaron en mayo de 2015 -sin duda una de las más esperadas de la historia de este colectivo- y ha introducido cambios en la inspección oficial alimentaria, reforzando su autoridad y dotándoles del carné identificativo con un código alfanumérico como funcionario.

Efectivamente, el DOCGV del 29 de diciembre publicaba sendas resoluciones del 15 de diciembre por las que se convocaba el concurso-oposición para 17 plazas de acceso libre y otras 9 por el turno de promoción interna a veterinario de salud pública. Una cantidad que, dadas las necesidades del cuerpo y como ya se reiteró cuando se publicó la oferta, el presidente del CVCV, Francisco Beltrán Andreu, considera que resultan “manifiestamente insuficientes”.

Más aún, aunque no exclusivas para licenciados en Veterinaria, Sanitat volvía a reconocer sus necesidades de personal al anunciar, según publicaba el DOCGV del 9 de diciembre, 13 becas para la realización de prácticas en actividades relacionadas también con el ejercicio de la salud pública.

Control alimentario

En esta sorpresiva, por acelerada, línea de cambios por la vía del DOCGV, el 29 de diciembre se publicaba también otras dos modificaciones sustanciales que afectan a este colectivo. Por la ‘puerta de atrás’, Sanitat metía en el conjunto de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, dos cambios relevantes en el articulado de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana. De un lado, se reforzaba la autoridad y celeridad en las actuaciones del inspector alimentario, al introducir un apartado para posibilitar la inmovilización de productos “cuando concurran situaciones de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública o sospecha razonable de su existencia”. Del otro y para evitar algunos desafortunados incidentes en la inspección con los inspeccionados y como venía reivindicando el CVCV desde hace también años, se autorizaba la emisión de carnés identificativos como funcionarios basados en códigos alfanuméricos.

Curso de mataderos

En este terreno, con vistas a preparar a colegiados para que puedan realizar sustituciones o suplencias, el Colegio de Valencia (ICOVV) ha anunciado que el 10 de febrero arrancará el IV Curso de Inspección Veterinaria en ‘Mataderos de ungulados, aves, ratines y lagomorfos’ . El de Alicante (Icoval), por su parte, sondea la demanda existente para, en su caso, organizar uno propio.