Sanitat rechaza ampliar en la Ley 10/2010 las funciones del veterinario de salud pública

26-07-2016

A comienzos de mayo los representantes del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) se reunieron por segunda vez con la directora general de Salud Pública, Ana María García. Entre otras cuestiones prioritarias para los veterinarios de salud pública -como la necesaria mejora de su situación laboral- se planteó otra vez la reforma de la Ley 10/2010 de la Función Pública para ampliar las atribuciones actuales de estos profesionales a funciones vinculadas con la sanidad ambiental, salud laboral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La directora se comprometió a estudiar tal cosa tras plantearla por escrito. Así se hizo por parte del CVCV, que motivó por carta el 12 de mayo su pretensión. Pues bien, en misiva suscrita el pasado 9 de junio, García rechazó de nuevo la histórica reivindicación.

En su carta de respuesta, la responsable de la Conselleria de Sanitat Universal viene a concluir que, con independencia de que el Consell pueda estimar “conveniente” una reforma de tal regulación que efectivamente afecte a “algunas de las funciones de las escalas del Cuerpo Superior de Salud Pública, las opciones profesionales de los veterinarios (...) están razonablemente recogidas en las actuales escalas”. Es más, se argumenta que el “mayor número de puestos de trabajo con funciones de seguridad alimentaria corresponden a la escala A1-S03-07”, que es la que el CVCV precisamente pretende ampliar con las funciones citadas. Hecho éste que sitúa a tales veterinarios -según se afirma en la misiva de la directora- como “la piedra angular de la seguridad alimentaria en la Comunitat.

“Una profesión más”

Tan aparente reconocimiento no ha gustado en el CVCV pues se interpreta que esconde una discriminación arbitraria. “No se ha de considerar a la profesión veterinaria una ‘piedra angular’ de la seguridad alimentaria, sino una profesión más con sus peculiaridades”, explica la carta de réplica suscrita por el presidente del CVCV, Francisco Beltrán Andreu.

Es más, como otras veces, se insiste en la “clara discriminación y agravio” que supone para los veterinarios de salud pública que su actividad parezca circunscrita a la seguridad alimentaria y en el resto de escalas “se concreten con bastante precisión todas las funciones que llevan a cabo”.

Según se argumenta en la carta del CVCV, tal restricción a ése ámbito concreto de actuación, que Sanitat parece seguir defendiendo (como ya lo hizo el anterior Ejecutivo autonómico), es contrario a la propia realidad del veterinario de salud pública así como al propio decreto 30/1988 por el que se definen y estructuran los servicios veterinarios, en el que se reconocen las funciones por ejemplo de sanidad ambiental. Tal limitación tampoco resiste “el análisis de la regulación comparada con otras autonomías”, dice textualmente la carta dirigid a la directora.

Amenaza
Por todo ello, el CVCV expresa su preocupación porque tan restrictiva interpretación acabe por ser la antesala de un próximo cambio del Decreto 30/88 en las atribuciones que el veterinario tiene reconocidas.