Tras un primer contacto en noviembre, el segundo encuentro celebrado a comienzos de mayo entre los representantes del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) se esperaba algo más fructífero. A la reunión con la directora general de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat Universal, Ana María García, acudieron los tres presidentes: Luis Eduardo Montes (Icoval, Alicante); Francisco Beltrán Andreu (ICOVV, Valencia y a la sazón presidente también del CVCV) y Luis Miguel Gargallo (Covetcas, Castellón). En la agenda, especialmente cargada desde hace años en las conversaciones con Sanitat, aparecía un punto prioritario, la mejora de la situación laboral de los veterinarios de salud pública. Sin embargo, no hubo avances en ésta materia y sí en otras cuestiones relevantes pero no tan urgentes. Así, como único balance de la reunión, los representantes colegiales se llevaron dos principios de acuerdos, el uno para mejorar y regular los análisis de triquina de los jabalíes (no de monterías) y el otro sobre la ansiada reforma de la Ley 10/2010 de la Función Pública.
En cuanto a este segundo aspecto, la delegación del CVCV reiteró la problemática ya conocida, esto es, la necesidad de cambiar el articulado referido al Grupo/Subgrupo Profesional A1.Escala A1-S03-07 -el aplicado a los veterinarios de Salud Pública- para que éstos puedan optar a las funciones funciones de sanidad ambiental, salud laboral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad con respaldo legal. La directora se comprometió, efectivamente, a estudiar la propuesta regulatoria para evitar tal discriminación que le remitieran los colegios.
Actividades cinegéticas
En segundo término y como ya se ha avanzado, el CVCV sacó a colación el vacío legal existente en el control sanitario de actividades cinegéticas. Con una media de 20.000 jabalíes cobrados en la Comunitat al año, se impone por ejemplo -y así se insistió- regular la toma de muestras para los preceptivos análisis de triquinosis y en general determinar que la inspección de las canales de los animales y sus vísceras pueda ser realizada in situ por un veterinario, como ya sucede en otras autonomías.
García acabó por acceder a los cambios propuestos pero sólo parcialmente, en lo referido a los análisis a los jabalíes cobrados, no en monterías organizadas sino para las piezas de cazadores individuales. Será el CVCV el que remita una propuesta a este respecto y para más adelante -pues el asunto aún no ha sido estudiado siquiera- quedará la reforma de la regulación sobre los necesarios controles sanitarios a la carne de caza. Como punto de partida, la responsable de Salud Pública avanzó que valoraría el borrador elaborado a este respecto por el CVCV y que ya fue remitido en 2014 a los anteriores responsables del Consell.
Pese a reiterar la cortedad de la última convocatoria de plazas de veterinarios de salud pública -no más de 26- y la “urgente” necesidad de una ordenación de su actividad y revisión de sus condiciones de trabajo, medios y complementos, la representante de la Conselleria de Sanitat dejó claro que tenía “otros asuntos más graves que resolver antes”. En idéntico sentido se manifestó con respecto a la paralización de los concursos de traslado y en esta materia, avanzó -sin dar más detalles- que su departamento trabajaba en un proceso de asimilación de interinos, circunscribiendo la cuestión a las conversaciones entre la Dirección de Recursos Humanos y los sindicatos.
Inspectores sanitarios e interinos
En lo que sí se mostró abierta es a encontrar soluciones a los problemas reiterados por el CVCV derivados de la identificación de los inspectores sanitarios. La directora no vio con malos ojos que, como se propuso en su momento y para evitar incidentes, bastase con acreditar el número de funcionario en la confección de actas.
Como ya hicieran sus predecesores sin cumplir con la palabra dada, García también prometió reestructurar el Decreto 30/1988 por el que se definen los servicios veterinarios en los referente a los veterinarios de Salud Pública.
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