Alertan del impacto económico millonario del fallo del Supremo sobre especies invasoras
17-05-2016
La presidenta de Esacua, Luz Arregui, declaraba que los piscicultores están “estupefactos” ante el fallo del Supremo en lo que respecta a la trucha arco iris, porque considerarla invasora en España “no se sustenta técnicamente”. Se trata de la misma sentencia en la que el alto tribunal determina la prohibición de la cría de cangrejo rojo, lo que en Andalucía ha movilizado a los habitantes del Bajo Guadalquivir.
En el caso de la trucha arco iris, el fallo permite su cultivo pero impide las sueltas y repoblaciones con esa especie, lo que “supondrá un gran impacto para la pesca deportiva y el turismo rural”, según la presidenta de Esacua. La clasificación como especie invasora “nos pone en una situación complicada y crea inseguridad jurídica”, subrayó.
‘Especie domesticada’
Arregui también argumentó que la trucha arco iris se introdujo en el territorio nacional a finales de XIX, “no ha sido nunca invasora en España”, es “una especie domesticada y sin riesgo para el medio ambiente”.
La trucha es la principal especie acuícola obtenida en España, con 16.000 toneladas, que se cultiva en unas 200 granjas de unas 14 autonomías y que genera mil empleos directos en su cría -sin incluir procesado, comercialización o pesca deportiva-y una facturación de 81,7 millones de euros.
El abogado especializado en industria alimentaria Fernando Otero, explicó que el fallo “mantiene su cultivo con “ciertos condicionantes”, como la obligación de que las truchas de piscifactorías estén “aisladas biológicamente” para que no haya escapes, lo que en la práctica “ya cumplen las empresas”.
Mercadona,
Por su parte, el cangrejo rojo se introdujo de forma experimental por el Icona con autorización de la administración en una finca de Puebla del Río (Sevilla). Desde entonces fue reproduciéndose hasta que en 1974 alcanzó su expansión máxima, según los estudios científicos. Se exploraba una alternativa económica y ecológica a la pesca tradicional.
Casi medio siglo más tarde, cuando el Procambarus clarkii es no solo un vecino habitual del Bajo Guadalquivir sino un motor económico capaz de facturar 20 millones de euros y generar 180.000 jornales al año, los ecologistas han logrado que se prohíba su comercialización. El impacto socioeconómico en una zona sin alternativas será brutal. Uno de los principales clientes, Mercadona, ha ‘congelado’ sus pedidos a la espera de que se resuelva la situación. La mayoría de sus ‘palitos’ y sus colas de cangrejo venían de aquí.
El supermercado está entre los que han llamado a la puerta del Ministerio de Agricultura para que recurra el fallo judicial. El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha defendido que el cangrejo rojo se ha convertido en el alimento principal de cientos de aves que pasan por Doñana, por lo que también cuestiona la sentencia.
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