Los veterinarios vuelven a cuestionar el control sanitario de la carne de caza
12-02-2016
Todo arrancó a partir de un anuncio de unos padres sin recursos que reclamaba carne de caza para poder alimentar a sus hijos. El mensaje, colgado en un conocido portal y que fue ampliamente reproducido el 17 y 18 de enero por la prensa, decía literalmente así: “Somos una familia que estamos en paro y sin cobrar nada (...) Con dos hijos a cargo de 12 y dos añitos. Buscamos trabajo y no encontramos. La asistenta sólo da leche y macarrones. Si alguien cazador no se come lo que caza le agradecería mucho [que] antes de tirarla nos la diera. Toda clase de carne. Porque estamos muy necesitados y así los nenes comerían mejor”. Al poco, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana reaccionó voluntariosa prestándose a articular un sistema de donación. Los Bancos de Alimentos, por su parte, informaron también de que acogerían “sin reservas” tales alimentos. En ultima instancia, El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) alertó de la amenaza que para ello supondría las lagunas de la actual regulación en materia de control sanitario de esas piezas cobradas.
“Los veterinarios no nos oponemos a una iniciativa tan loable como ésta pero una cosa es el autoconsumo y otra es organizar una cadena para alimentar a los necesitados. Si antes ya era preocupante la falta de control, en tal caso, aún lo sería más al multiplicarse el riesgo”, matiza a este respecto el presidente de la entidad autonómica que aglutina los tres colegios provinciales de veterinarios, Francisco Beltrán Andreu.
Y su opinión no difiere de la manifestada en esencia por unos y por otros. De un lado, la Federación de Caza reclamó a la Administración autonómica una reunión para determinar “qué procedimiento debe seguirse” ya que -argumentaron en nota de prensa- “por el tipo de carne y el destino que se le quiere dar deben cumplir determinadas exigencias legales”. Más contundente y concreto resultó, en declaraciones al diario Levante-EMV, el presidente de la Asociación de Entidades de Caza de la Comunitat Valenciana y miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, Víctor Rafael Mascarell, quien indicó que ya está establecido por norma que la carne de caza procedente de competiciones oficiales “se tiene que entregar a centros sociales” y añadió que las piezas de caza procedentes de batidas de control de poblaciones (como las que proponía la citada Federación) se tienen que “regular” porque hay que determinar quién recoge las piezas de caza, los mataderos autorizados a los que se debe llevar la carne y fijar los costes que tendría. “No es tan fácil”, subrayó.
Mataderos
En declaraciones a este mismo diario, Beltrán reincidió en este terreno, advirtiendo que existe “un riesgo latente” ante la falta de controles especialmente sobre las piezas de caza mayor como los jabalíes, de los que la propia federación estima que se cobran unos 20.000 animales al año en la Comunitat. A este serio problema vinculado a las insuficiencias de los actuales métodos y obligaciones en los análisis de triquinosis convendría añadir el cierre progresivo de la mayoría de mataderos municipales en los que se debería realizar el necesario control sanitario.
De hecho, el CVCV ya presentó en 2013 y ha venido reiterando a las sucesivas administraciones sanitarias autonómicas un borrador de orden con propuestas para establecer los procedimientos de manipulación de las piezas abatidas durante las actividades cinegéticas de caza silvestre destinadas a la comercialización para el consumo humano. “Todavía no hemos recibido respuesta”, lamentó Beltrán en declaraciones a tal diario.
Caza mayor y menor
Concretamente y para la caza mayor, en línea con lo estipulado en otras autonomías con mayor tradición de caza -como las dos Castillas, Madrid, Aragón o Andalucía- el CVCV reclama que se regule la toma de muestras para los análisis de trichinella y en general la inspección de las canales de los animales y sus vísceras, para que ésta pueda ser realizada in situ por un veterinario. En tales autonomías son los colegios los que organizan un listado de facultativos habilitados para estas labores y los cazadores pagan por ello una cuota.
Una segunda gran laguna legal a cubrir se refiere a la ausencia total de cualquier control sanitario para las piezas de caza menor (liebres, conejos, perdices, codornices o patos). Para evitar en esta carne algunas zoonosis relevantes -como la sarna, la tiña o la tularemia en conejos- el CVCV viene defendiendo una inspección facultativa como la que ya se obliga también en otras autonomías como Castilla-La Mancha o Madrid.
- Ver levante-emv.es/ 24-1-2016
- Ver levante-emv.es / 30-1-2016